El gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García, y su familia, incluyendo a su esposa Mariana Rodríguez, han obtenido una suspensión provisional contra actos de un juez de distrito penal del estado. Este amparo, otorgado el pasado 14 de septiembre, protege a García y a una decena de miembros de su familia, entre ellos su padre, madre, hermanos y el esposo de una de sus hermanas, el alcalde emecista de General Terán, David Jonathan Sánchez Quintanilla.
Suspensión 2063/2023
El incidente de suspensión, identificado como 2063/2023, fue concedido por Juan Fernando Alvarado López, juez séptimo de distrito de Tamaulipas. Este amparo tiene como objetivo que cesen de inmediato los actos reclamados, tales como la posible privación de la libertad. La solicitud de amparo se basa en la premisa de que existe la posibilidad de que se emitan órdenes de aprehensión en su contra.
Alegaciones de Persecución Política
García Sepúlveda argumenta ser víctima de persecución política debido a sus aspiraciones para las elecciones de 2024. Alega que hay presiones para que abandone sus proyectos políticos y sostiene tener información anónima que sugiere que partidos como PRI y PAN buscan fabricar acusaciones en su contra. El amparo fue concedido para protegerlo a él y a su familia ante posibles consecuencias legales.
Denuncia de Presiones y Amenazas
La demanda de amparo presentada por Abner Alan Ibarra Salinas, representante legal de los quejosos, señala que desde que Samuel García se inició en la política con Movimiento Ciudadano, ha enfrentado diversas presiones políticas y personales por parte del PRI y del PAN. Según el recurso, estas presiones buscan silenciar a García debido a que su ideología, trayectoria y valores representan una amenaza para estos partidos.
En conclusión, el amparo obtenido por Samuel García y su familia revela un entorno político tenso y sugiere que las tensiones entre distintos actores políticos podrían intensificarse en el camino hacia las elecciones de 2024. Este episodio plantea interrogantes sobre la independencia del sistema judicial y la relación entre la política y la justicia en el estado de Nuevo León.
