En un Nuevo León que ha experimentado los dos años más violentos de la década, las promesas de fortalecer la seguridad por parte del Gobernador Samuel García suenan a huecas y desoladoras. Aunque las autoridades han declarado la intención de aumentar la fuerza policial, la cruda realidad revela una falta alarmante de acción.
En medio de una espiral de violencia que afecta a la sociedad, la adición de apenas 76 nuevos policías en los dos años de la Administración de García representa un aumento insignificante del 1 por ciento en la plantilla de Fuerza Civil. Esta cifra deja en evidencia la falta de compromiso para abordar la creciente crisis de seguridad que asola a la región.
La Brecha entre Palabras y Acciones
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad muestran que, hasta octubre pasado, Nuevo León cuenta con 5,776 policías estatales, una cifra que difiere de los 6,700 citados por el Secretario de Seguridad. La inconsistencia en las cifras deja a la ciudadanía con interrogantes sobre la transparencia y eficacia del gobierno en su gestión de la seguridad.
Lejanía de la Meta de 7,500 Policías
Las promesas grandilocuentes hechas por García al asumir el cargo, asegurando que elevaría la cantidad de policías de Fuerza Civil a 7,500 en cuatro años, se desmoronan ante la realidad actual. Transcurridos dos años, el reclutamiento está lejos de alcanzar esa meta, con la necesidad urgente de contratar 1,724 elementos en los próximos dos años para siquiera acercarse a lo prometido.
Es preocupante observar cómo, a pesar de las campañas constantes de reclutamiento, la fuerza policial en áreas cruciales como reinserción social, procuración de justicia y policías municipales no solo no ha aumentado, sino que ha experimentado una disminución en los últimos dos años. La falta de atención a estos aspectos esenciales del sistema de seguridad socava los cimientos de la tranquilidad ciudadana.
