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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido posponer la resolución de la controversia constitucional relacionada con la designación del Fiscal General de Justicia de Nuevo León que ha imposibilitado Samuel García. Aunque figuraba en la lista de asuntos a revisar en la sesión de hoy, la decisión se aplazará hasta dentro de tres semanas. La Segunda Sala de la Corte deberá determinar la validez del procedimiento instaurado por el Congreso local para la elección del nuevo fiscal.

Samuel García: abusa de su autoridad

Este embrollo legal tiene sus raíces en la impugnación realizada por el gobernador Samuel García hace más de un año, quien cuestionó la convocatoria y solicitó la reposición del proceso de selección. El Ministro Luis María Aguilar Morales tenía programado presentar el dictamen de la controversia el 10 de enero, buscando clarificar la ruta a seguir tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero el 4 de octubre de 2022. La incógnita sobre si la convocatoria cumple con la Carta Magna persiste, dejando a los ciudadanos en la incertidumbre.

Samuel García busca forzar su visión

Dos posibles escenarios se perfilan según la resolución de la Corte. En caso de respaldar al Congreso local, los diputados podrían reanudar el proceso y elegir al fiscal entre los candidatos, que incluyen figuras como el ex alcalde de Monterrey, Adrián De la Garza. En cambio, si Samuel García sale victorioso, se vería obligado al Congreso a reponer la convocatoria, posiblemente considerando criterios como la paridad, una de las demandas del mandatario. Sin embargo, esta opción no excluye la posibilidad de que los aspirantes existentes vuelvan a postularse para el cargo.

Descontrol Vial: Caos en Lugar de Mejoras

La controversia constitucional, causada por García en noviembre de 2022, se torna aún más compleja con el veto ejercido por el gobernador sobre Adrián de la Garza, un acto que plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso de selección y la influencia del poder ejecutivo en la designación del fiscal. Mientras tanto, una suspensión a favor del Gobierno de Nuevo León impide al Congreso designar al nuevo titular, sumiendo al estado en una incertidumbre jurídica que no parece tener fin.

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